La CROTU (Comisión Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo) ha aprobado el jueves el Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de San Vicente de la Barquera. Ha sido un largo camino, que
comenzó en el siglo pasado, hace más de 15 años.
Con este último planeamiento urbanístico
ya son 15 los que se han aprobado en esta legislatura lo que significa que
227.406 habitantes de Cantabria, el equivalente al 38,29% de la población, ya
cuentan con un plan general, frente al 2,93% que lo obtuvieron en el periodo
2003-2011.
En el acto de presentación estuvieron
presentes el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Javier Fernández y el alcalde de San Vicente de la
Barquera, Julián Vélez.
El alcalde aludió a la dificultad que ha
existido, en otras épocas, para sacar adelante los planes urbanismo, porque ha
habido dos legislaturas en las que el Gobierno «ha estado de espaldas a los
municipios», lo que originó «un desencanto para sacar adelante los problemas
urbanísticos sin resolver»; sin embargo, añadió, que la situación ha cambiado,
que es posible resolver situaciones que antes eran inimaginables, y que ahora
«se puede trabajar con el Gobierno».
En cuanto a San Vicente de la Barquera,
recordó la incidencia del Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Oyambre
(PORN), y de «lo poco que se midieron las consecuencias que podría suponer al
desarrollo de la zona». En concreto, aseguró que como consecuencia, «la única
villa que no había crecido entre la Baiona de Galicia, y la Bayona de Francia,
era San Vicente de la Barquera».
«En este momento se da solución definitiva
a algo que en muchos momentos se pensó que nunca la tendría, por eso hoy es un
hito para todos los barquereños», prosiguió, «porque ahora tenemos una hoja de
ruta en la que San Vicente pueda recuperar el tiempo perdido». En todo caso,
reconoció que la paralización «había permitido depurar un modelo de desarrollo
más adecuado a estos tiempos, y que ahora se tenían abiertas las puertas a un
crecimiento respetuoso con los valores medio ambientales del municipio».
Vélez resaltó el consenso que ha existido
en la elaboración de este documento tan importante, que estuvo bloqueado
durante la redacción del PORN, y en el que se han invertido más de diez años de
trabajo. «No es fácil la unanimidad en un documento tan complejo, que ha sido
objeto de diversas modificaciones y que ha atendido y resuelto todas las
alegaciones presentadas», afirmó.
Última CROTU de la
legislatura
Durante la última CROTU de esta
legislatura se informó también sobre las diferentes aprobaciones que se han
realizado en las 40 comisiones que ha habido. Así, en lo relativo a la
ordenación del territorio se ha impulsado la modificación del POL, el Plan
Especial de la Bahía, se han emitido 11 informes de impacto territorial de
ayuntamientos costeros, se han realizado ocho actuaciones del ámbito del POL,
se han aprobado cuatro ajustes cartográficos y se han impulsado cinco
modificaciones de Proyectos Singulares de Interés Regional (PSIRes).
En cuanto al urbanismo, el consejero ha
informado que, además de la aprobación de 15 PGOU, se han aprobado 77
modificaciones de planes generales o normas subsidiarias, 40 planes parciales,
tres nuevas delimitaciones gráficas de suelo urbano y la modificación de otra
más. Asimismo, se han aprobado otros 49 catálogos para su aprobación municipal
y cuatro modificaciones de otros ya aprobados. Por último, la CROTU ha resuelto
1.401 expedientes en suelo rústico de los cuales se han autorizado 1.033, y se
han denegado 261. Dentro de estos expedientes, y en relación al uso residencial
se pueden distinguir 236 autorizaciones de viviendas den suelo rústico, 73
cambios de uso a vivienda, 41 cambios de uso distintos a vivienda, 54
ampliaciones de edificaciones en catálogos y cuatro aprobaciones de viviendas
vinculadas a actividades económicas.
Para finalizar, el titular de Urbanismo ha
señalado que, durante el periodo de agosto de2011 a mayo de 2015, se han
celebrado 40 Comisiones en las que se han examinado 1.777 expedientes.
Rebaja
en el canon de agua residual doméstica
Durante la rueda de prensa, Javier
Fernández ha adelantado que el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy mismo (por el viernes) el
reglamento que regula el régimen económico financiero de la Ley de
Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria. Con esta aprobación, las persona que
tengas rentas inferiores al IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiple) podrán solicitar a partir del
1 de junio y hasta el 1 de agosto la rebaja de este impuesto. Para ello, el
consejero ha informado que la próxima semana se va a publicar en el BOC (Boletín
Oficial de Cantabria) el reglamento y el modelo de solicitud y ha dicho que se
va a poner a disposición de los ciudadanos el teléfono 012 en donde se dará
toda la información necesaria.
Fernández ha calificado este canon de agua
residual doméstica como el canon «más social de la historia de Cantabria» ya
que se van a obtener bonificaciones de hasta el 80% para las familias con
rentas más bajas. En este sentido, el titular de Medio Ambiente ha explicado
que se pueda llegar a la exención total de la parte fija, que es de 26 euros al
año, y a unas bonificaciones del 60% de
la parte variable.
«Aquellas familias que estén por debajo
del IPREM van a tener una exención de la parte fija y una bonificación del 60%
de la parte variable y, a partir de ahí», ha matizado «conjugando el número de
personas que integren la unidad familiar y la renta de ese hogar van a tener
las bonificaciones del 60%, tanto en la parte fija como en la parte variable».
Esto es, aquellos hogares con rentas anuales inferiores al IPREM van a tener
exención absoluta de la parte fija y bonificaciones del 60% de la parte
variable y, aunque las rentas sean superiores al IPREM, pueden tener una
bonificación del 60% de la fija y el 60% de la variable. «Se trata», ha dicho, «de
hacer un uso racional del agua por eso no puede ser totalmente gratuita».
Asimismo, el consejero ha indicado que la
Ley de Abastecimiento y Saneamiento contempla el «derecho universal al agua»
cuyo reglamento está desarrollando el Gobierno de Cantabria en estos momentos
para que no se pueda cortar el suministro a las familias por razones
socioeconómicas.
Por último, ha recordado que, desde enero,
la Administración ya está actuando de oficio y aplicando la exención de la
parte fija y la bonificación del 60% de la parte variable a aquellas familias
que perciben la renta social básica, según fuentes del Gobierno de Cantabria.
FOTOS: Agustín Laguna
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